SIGUE EL SAQUEO

Las cajas quebradas han pagado en indemnizaciones y pensiones a sus antiguos gestores casi 200 millones de euros, a pesar de que la factura de los rescates públicos para los contribuyentes asciende a 53.000 millones de euros.

 

La última de las polémicas indemnizaciones es la que se le atribuye a Adolf Todó, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidiese despedirle como presidente de Catalunya Caixa. El órgano dependiente del Banco de España consideró procedente el despido, por lo que decidió no pagar a Todó los 600.000 euros que le corresponderían en concepto de indemnización, estipulada en dos anualidades de su salario (300.000 euros).

Todó fue nombrado presidente de Catalunya Banc en octubre de 2011, con el aval del FROB, mientras que Jaume Masana, su segundo en la antigua Catalunya Caixa, asumió el puesto de consejero delegado. Además, el ex presidente de Catalunya Caixa cifró en 3,5 millones la pensión que "por contrato" tenía derecho a percibir tras su cese de la nacionalizada, pese a que el actual propietario de la entidad. Sin embargo, su actual dueño, el FROB, decidió congelarla.

 

Pero el caso más mediático, según recuerda El Boletín, fue el de Miguel Blesa, que recibió 2,8 millones de euros tras salir de Bankia. Cuando Rodrigo Rato llegó a la presidencia de la entonces Caja Madrid acabó con los bonus que impuso su predecesor, Miguel Blesa, al menos hasta que la entidad devolviese el dinero recibido del FROB. El rescate de la antigua caja precisó una inyección de dinero público de 23.000 millones de euros.

También llaman la atención los 5,8 millones de euros cobrados por el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, obligado ahora a sentarse en el banquillo por su gestión de la entidad alicantina, que en total pagó unas indemnizaciones de casi 15 millones de euros a sus antiguos gestores.

Sin embargo, si hay una entidad intervenida y rescatada que se lleva la palma, en lo que a intervenciones millonarias se refiere, es Novacaixagalicia. El caso ha llegado hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto una querella contra cinco exdirectivos por asignarse estas pensiones millonarias. Se estima que tres altos cargos de Novacaixagalicia (NCG) percibieron unos 20 millones de euros en conceptos como el blindaje por despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones, según fuentes próximas a la entidad. La mayor indemnización fue la recibida por José Luis Pego, exdirector general de la entidad rescatada. Pego podría haber percibido hasta ocho millones de euros por abandonar su puesto.

 

Por su parte, en Caixa Penedés, integrada actualmente en BMN, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para cuatro exdirectivos por adjudicarse pólizas de 31 millones de euros...

Al mismo tiempo que se han cobrado estas millonarias pensiones, el FROB ha inyectado más de 39.000 millones, de dinero público aportado por Bruselas, en estas quebradas cajas. A esta cantidad hay que sumarle 13.869 millones extra que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que llevaran a cabo las pertinentes fusiones.

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