España se encuentra inmersa en una recesión sin precedentes. Los intereses de la deuda están en máximos históricos, sin expectativa alguna de mejora, por culpa de unos déficits públicos insostenibles. La prima de riesgo ha llegado al punto de no retorno, las medidas tradicionales dejan de ser efectivas. No hay país desarrollado, con los diferentes compromisos adquiridos por el Estado del Bienestar, que pueda sobrevivir pagando intereses superiores al 6%. Rajoy presentará una solución y Merkel aceptará (o no) la propuesta española. La Unión Europea decidirá, en última instancia, cómo solucionar una crisis que amenaza al viejo continente.
Existen, actualmente, cuatro escenarios diferentes, pero nadie sabe qué pasará en el futuro.
1. Suspensión de pagos
La primera y más simple de las opciones: España no pagaría sus deudas. Sería en forma de quita, una quiebra encubierta. Los prestamistas aceptarían cobrar una parte de la deuda bajo la promesa de no reclamarla a posteriori en su totalidad. Rajoy ha negado insistentemente una suspensión de pagos, hecho que aumenta sus posibilidades. Perderíamos la confianza de los inversores internacionales y los intereses aumentarían. Sin dinero con el que pagar las pensiones, el Gobierno tendría que aceptar las condiciones impuestas por los rescatadores. El país sería intervenido por los nuevos prestamistas para asegurar el cumplimiento de los pagos. El presidente dimitiría y un tecnócrata de Bruselas asumiría el cargo, con la esperanza de corregir los vicios de un estado sobredimensionado.
Seguiríamos el modelo griego de quiebra suave dentro de la UE, el default oficial no llegaría a producirse. Argentina se encuentra en el otro extremo, la bancarrota total. El país andino viviría a finales de 2001 sus días más negros, con una caída del PIB superior al 8%. Atenas hace meses que entró en suspensión de pagos pero el BCE ha garantizado la liquidez de su sistema financiero. Si Europa negara la ayuda, Grecia regresaría al dracma y el corralito estaría garantizado. El caos sería general. La nueva moneda sufriría una depreciación superior al 50%, los griegos verían duplicada su deuda pública; la hiperinflación no tardaría en llegar. El mismo escenario sería posible en España si, una vez declarada la quiebra, el Gobierno no aplicara medidas para regresar a la senda del crecimiento económico.
Las deudas españolas siempre han sido sospechosas de impago. Nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primer estado en presentar oficialmente una suspensión de pagos. En los años de máximo esplendor de la Monarquía Hispánica, después del descubrimiento del Nuevo Mundo, los bonos nacionales eran respaldados por la garantía que ofrecía el oro de Sudamérica. El problema es que los gastos por mantener el Imperio aumentaron y la ineficiencia recaudatoria, ya de por sí muy alta, sólo empeoró. Al poco tiempo de empezar el reinado de Felipe II, en 1557, el nuevo monarca declaró la bancarrota ante las imposibilidad de hacer efectivos los pagos contraídos por su padre, Carlos I.
En la Historia Moderna de España se han producido quince quiebras, aproximadamente una cada 35 años. La última suspensión de pagos fue en 1939, cuando Franco anunció que los créditos contraídos por el bando republicano no serían pagados. Mejor no hacer números.
2. Monetización de la deuda
El escenario preferido por Rajoy, todos los países de la UE pagarían nuestra deuda. El BCE prestaría dinero mediante la adquisición de bonos del tesoro español. La transacción podría realizarse de forma directa, el BCE comprando deuda nacional (prohibido actualmente por la normativa europea), o de forma indirecta, inyectando liquidez en el sistema bancario para que los agentes privados compraran los bonos españoles.
Aumentaría la inflación y el tipo de cambio se depreciaría; la moneda europea ha caído en las últimas semanas, el euro transmite las expectativas negativas de los inversores. El Gobierno diluiría su deuda imprimiendo dinero, en perjuicio de ahorradores (más pobres por culpa de la inflación) y acreedores (una subida del 10% del IPC convertiría en pérdidas un rendimiento del 5%). Friedman describió la inflación como el impuesto oculto, aplicable sin legislación.
¿Más consecuencias negativas? Si el país es solvente “únicamente” aumentaría el endeudamiento pero si existiera riesgo de insolvencia la monetización crearía hiperinflación, imprimir dinero pasaría a ser la única forma de pagar la deuda. Un escenario hiperinflacionista está actualmente descartado porque el crédito queda garantizado con Alemania en Europa. El problema llegaría si los alemanes decidieran romper la Unión (cansados de pagar los excesos de la periferia), momento en el que la solvencia de los PIIGS quedaría seriamente comprometida.
La expansión monetaria es la opción que el gobierno norteamericano utiliza para mantener su millonario déficit. Obama está protegido por un dólar que es moneda de referencia en el mundo, el euro no tendría la misma suerte. Alan Greenspan, ex presidente de la FED, reconoció que la posibilidad de quiebra no existe porque Estados Unidos siempre puede imprimir más dólares con los que pagar sus deudas. Técnicamente no le falta razón, pero una política de monetización siempre empobrece a la población.
Los Bancos Centrales responden a intereses electorales y todas las divisas, sin mayor respaldo que la palabra de un político, generan cada día mayor desconfianza. En este contexto, crece la demanda de oro, observado como valor refugio ante la incertidumbre de un dinero fiduciaria sin valía asegurada. Una moneda sólo debe ser un instrumento de cambio, el desequilibrio está garantizado cuando los gobernantes utilizan la divisa para otros fines.
3. Crédito europeo
La propuesta planteada por Luis de Guindos en la ya famosa carta dirigida al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Junker: un crédito blando para que España solucionase sus problemas internos, no sólo bancarios. En el primer intento de rescate, hace ya tres semanas, la falta de concreción inquietó a los mercados y la prima de riesgo terminó subiendo. Esta vez se anunciaría de forma oficial, con todas las condiciones intrínsecas a la concesión del crédito. Sería planteado por Rajoy como un rescate de la banca, pero la UE estaría dejando el dinero al Gobierno (y el déficit, obviamente, aumentaría). Se produciría una pérdida de soberanía, inferior que en el caso de la quiebra. La UE ofrecería el préstamo a bajo interés, nadie compraría ahora bonos españoles, pero el resultado final sería similar al de una monetización de la deuda: el Gobierno recibiría un dinero con el que hacer efectivas sus obligaciones a corto plazo. Sin exigencias severas, simplemente pospondríamos el problema, regalando tiempo a Rajoy para que no aplicara el recorte del sector público que la economía exige. La opción del crédito sólo funcionaría si la UE obligara al Gobierno a aprobar las reformas necesarias. Improbable que Merkel prestara a coste cero a un presidente que durante siete meses no ha tomado ninguna de las medidas que España necesita, pero nunca se sabe.
Estaríamos solucionando una crisis de deuda con más deuda. No parece del todo lógico. Si España siguiera estancada en 2013, permaneceríamos en recesión y con un déficit todavía mayor, las dificultades para encontrar prestamistas serían incluso mayores. Es el problema de Grecia: el país recibe ayudas sin reformar un ineficaz estado y cada nueva ronda de financiación resulta más cara que la anterior. Los seguros de impago griegos, los ya famosos CDS, incrementan también su precio.
Alemania paga un bajo interés porque todos los prestamistas confían en la devolución del préstamo. España paga su deuda más cara porque han aparecido, en los últimos meses, serias dudas sobre la solvencia nacional; los ahorradores que ofrecen su dinero -especuladores según los progresistas- desconfían ahora del deudor. A mayor riesgo, mayor interés. No se trata de ningún ataque, es el simple y siempre eficiente funcionamiento del mercado.
4. Austeridad pública
Equilibrar los presupuestos para generar confianza a los inversores y reducir la prima de riesgo, ganar solvencia mediante una reducción del déficit. La austeridad podría venir del sector privado (más impuestos) o del Estado (recorte del gasto público).
Los ciudadanos no pueden soportar una mayor carga impositiva pero subir el IVA parece la única alternativa contemplada actualmente por el Gobierno, Rajoy ha demostrado por activa y por pasiva que no quiere recortar un burocrático e ineficiente sistema público. Aumentar impuestos incrementaría la recaudación fiscal en el corto plazo pero la reduciría en el largo, desincentivando inversiones (el retorno sería ahora menor) al mismo tiempo que veríamos crecer todavía más la economía sumergida (mayor fraude fiscal).
La única alternativa real es la austeridad gubernamental. Algunos titulares sensacionalistas podrían crear la falsa impresión de que el Gobierno está recortando actualmente el Estado del Bienestar pero, nada más lejos de la realidad, el gasto del sector público creció un 13% entre 2007 y 2011. No son necesarios recortes en servicios básicos, sino reformas. Cerrar el Senado, controlar a las Autonomías, privatizar deficitarias empresas públicas. Implantar cambios estructurales en Sanidad y Educación para optimizar su funcionamiento. Vigilar el presupuesto de Fomento: ni más trenes de alta velocidad, ni más aeropuertos fantasma. Dejar en paz a los emprendedores, cada vez que un político intenta ayudar a un empresario complica todavía más el entramado burocrático español, e instaurar un nuevo escenario en el que puedan trabajar (y crear riqueza) libremente. Suprimir regulaciones y liberalizar el mercado laboral, aumentando la productividad de las empresas españolas.
Y el déficit sería fácilmente corregido.
JOAN TUBAU
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